Este viernes 20 de diciembre de 2024, David Jonatán Gutiérrez Martínez, representante del proyecto de comunicación ciudadana Zaachila en Línea, acudió al Palacio Municipal de Zaachila para solicitar una audiencia pública con el presidente municipal, Rigoberto Chacón. En el encuentro con funcionarios del Ayuntamiento, Gutiérrez Martínez planteó abordar diversos temas, entre ellos la actividad realizada el pasado lunes 16 de diciembre, durante el acto de entrega de la regiduría de educación.
El comunicador cuestionó por qué se censuró una transmisión en vivo realizada por un ciudadano durante el evento, e incluso borraron la transmisión en vivo de la página que transmita.
Ante la inquietud, un funcionario del Ayuntamiento respondió que
“por acuerdo de Cabildo no estaba permitido”.
Preocupación por la transparencia
Esta respuesta ha encendido alarmas en la comunidad, que ve en esta restricción una posible violación al derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo establece que la información en posesión de las autoridades y organismos públicos debe ser accesible a toda la ciudadanía.
En mensajes dirigidos a Zaachila en Línea, ciudadanos expresaron sus inquietudes:
¿Qué pretende ocultar el presidente municipal Rigoberto Chacón y el Cabildo con este acuerdo?
¿Por qué restringir la documentación de actos públicos de interés general?
El acceso a la información como derecho humano
El acceso a la información es un derecho fundamental que incluye solicitar, investigar, difundir y recibir datos públicos. Además, los actos de entrega-recepción entre administraciones son de interés público, ya que involucran la transferencia de responsabilidades y recursos.
La prohibición de grabar estos eventos podría contradecir principios esenciales de la función pública, como la transparencia y la rendición de cuentas, generando desconfianza en las instituciones y sospechas de opacidad.
Asimismo, si el Cabildo decidió limitar la grabación de estos actos, se exige que justifique públicamente la decisión, demostrando que responde a un interés público legítimo y no a intereses particulares.
La administración municipal tiene ahora el desafío de explicar los motivos detrás de este acuerdo y garantizar que sus acciones se alineen con los principios constitucionales de transparencia y acceso a la información pública.
No es posible que el pueblo tolere estás atropellos, fuera Rigo Chacón