Villa de Zaachila, Oaxaca.— Habitantes de la comunidad han expresado su indignación tras ser bloqueados de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, encabezado por el presidente municipal Rigoberto Chacón. Los ciudadanos afectados señalan que la medida fue tomada después de publicar comentarios críticos u opiniones sobre las acciones de la administración municipal, lo que califican como un acto que vulnera su derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo con los denunciantes, el bloqueo les impide acceder a información oficial, así como interactuar con publicaciones y eventos de interés público. “Solo expresé mi opinión sobre el estado de las obras en mi colonia, y ahora no puedo comentar ni ver nada en la página”, señaló una de las afectadas, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Acusaciones de Censura
Los ciudadanos argumentan que este tipo de acciones atenta contra derechos fundamentales, como el acceso a la información y la libertad de expresión, consagrados en la Constitución Mexicana y diversos tratados internacionales. “La página del Ayuntamiento no es propiedad privada; es un espacio público financiado con recursos de los ciudadanos. Silenciarnos es un abuso de poder”, expresó otro de los afectados.
Organizaciones civiles y expertos en derechos humanos han señalado que el bloqueo en redes sociales de cuentas críticas por parte de gobiernos o instituciones públicas se ha convertido en un problema recurrente, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales son clave para la interacción entre autoridades y ciudadanía.
Exigen Soluciones
Los afectados hacen un llamado a las autoridades municipales para garantizar el respeto a sus derechos y restablecer el acceso a la página oficial. Asimismo, piden la implementación de mecanismos que promuevan el diálogo y eviten la censura.
Por su parte, hasta el momento, el Ayuntamiento de la Villa de Zaachila no ha emitido una postura oficial sobre las denuncias. La situación ha generado un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, además de las implicaciones legales de bloquear a ciudadanos en plataformas digitales oficiales.
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